La coordinadora del Programa de Protección Internacional del Hospital San Juan de Dios de León, que en 2020 ha acompañado a 71 adultos y 68 menores, asegura que “al desarraigo se suma la incertidumbre por un futuro oscuro -tanto laboral como jurídico-, la falta de recursos institucionales, la angustia de una cuarentena, la suspensión temporal de los viajes para reasentar a las personas refugiadas, una reagrupación familiar que queda en el aire y las consecuencias del cierre de fronteras”

“El temor a la COVID-19 ha exacerbado la xenofobia, el racismo y la estigmatización“, lamenta Dolores Queiro, coordinadora de un Programa de Protección Internacional del Hospital San Juan de Dios de León que en 2020 ha acompañado a 139 personas -71 adultas y 68 menores- de un total de once nacionalidades distintas.

Esta labor, que también desarrollan la Llar Sant Joan de Déu de Manresa y el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, se realiza en el marco del Programa de Acogida y Protección Internacional que financia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, la pandemia ha conllevado un aumento del número de refugiados atrapados en el laberinto de la burocracia. “Las personas en movimiento encaran una crisis socioeconómica, en particular las que trabajan en la economía no estructurada, sin acceso a protección social“, recuerda Queiro en relación a unas trabas que no ayudan.

En este sentido, desde el Programa de Protección Internacional han lidiado con las dificultades en la escolarización, la deficiente asistencia jurídica, la paralización temporal de la economía con la consiguiente escasez de puestos de trabajo y una brecha digital que “se visibiliza en el mismo momento en el que se requieren conocimientos informáticos para la realización de cualquier trámite cotidiano“.

“Las personas que integran el Programa de Protección Internacional han sufrido emocional y psicológicamente. A esto se le suma el desarraigo, y, en el contexto actual, la incertidumbre por un futuro oscuro -tanto laboral como jurídico-, la falta de recursos institucionales, la angustia de una cuarentena, la suspensión temporal de los viajes para reasentar a las personas refugiadas, una reagrupación familiar que queda en el aire y las consecuencias del cierre de fronteras provocando problemas de salud mental cronificados“, apunta Queiro.

Cerco a la brecha digital

Durante el confinamiento el principal reto fue acompañar a los y las menores con los escasos medios tecnológicos con los que contaban. Para ello, se comenzaron a realizar clases de refuerzo educativo, así como tutorías de seguimiento con el profesorado implicado; se consiguieron dispositivos para hacer los ejercicios propuestos; y, posteriormente y gracias a la campaña de ‘crowdfunding’ impulsada por la Obra Social del Hospital San Juan de Dios de León bajo el lema #LaEducaciónSuRefugio, se reunieron una veintena de ordenadores y/o tabletas para cada una de las familias a fin de evitar que la brecha digital fuera todavía mayor.

Los resultados del aprendizaje de los refugiados son más bajos cuando no reciben el soporte adecuado. No en vano, el número de niños y adolescentes nacidos fuera de Europa que abandonan los estudios casi es del doble.

Su situación se ha visto agravada por el coronavirus, el estado de alarma y el confinamiento. Y es que este derecho –que en estos momentos se traduce en la garantía del “acceso universal” a internet en el hogar- se ha quedado para muchos en papel mojado.

El Programa de Protección Internacional tiene una duración de 18 meses y se estructura en dos fases: acogida temporal y preparación para la autonomía gracias al diseño de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.

Además, cuenta con un grupo de mujeres y de personas LGTBI en el marco de “un espacio de seguridad donde abordar las problemáticas que afectan al colectivo desde un enfoque de género“.